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Qué hacemos con el control de la jornada

by DA

En diciembre de 2015 la Audiencia Nacional dicta sentencia en la que declara la obligación de la empresa de registrar la jornada diaria efectiva de la plantilla, de modo que se pueda comprobar el adecuado cumplimiento de los horarios pactados, debiendo informar igualmente a los representantes de los trabajadores de las horas extraordinarias realizadas, en cómputo mensual, y todo ello de conformidad con lo establecido en el art,35.5 del ET, disposición adicional 3º del Real Decreto 1561/1995 y el art. 32.5 del convenio de aplicación.

Recordemos que el art. 35 del ET regula las Horas extraordinarias, y el punto 5 del mismo establece que “a efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente.”

Como consecuencia de la obligación de registro de las horas extraordinarias, la Audiencia Nacional determinó que debe controlarse la jornada ordinaria como forma de control de las horas extraordinarias, de forma que se instaló la creencia de la obligación de instalar sistemas de control. Y proliferaron sistemas al respecto y sanciones de la inspección de trabajo por no cumplimiento de la obligación legal.

El pasado mes de marzo de 2017 el Tribunal Supremo dicta sentencia en la que, casa y anula la dictada por la Audiencia Nacional, declarando que no cabe el realizar una interpretación extensiva del art. 35.5 del ET, “imponiendo obligaciones que limitan un derecho como el establecido en el artículo 28-3 del citado texto legal y el principio de libertad de empresa que deriva del artículo 38 de la Constitución y ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional como imprescindible (…) La falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro, no se tipifica por la norma como infracción de forma evidente y terminante, lo que obliga a una interpretación restrictiva y no extensiva de una norma sancionadora como la contenida en el artículo 7-5 del RDL 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social».

Ahora bien, la citada sentencia tiene varios tres particulares de cinco Magistrados, que se pronuncian en el siguiente sentido:

  1. Aunque es verdad que el art. 35.5 no impone la obligación de llevar dicho registro, «la obligación de registrar las horas extraordinarias se vacía de contenido si no se efectúa un seguimiento o control de la jornada realizada por el trabajador, pues el concepto de hora extraordinaria solo surge cuando se produce la superación de la jornada ordinaria». Por lo que entiende que el recurso debió ser desestimado.
  2. Todas las exigencias derivadas de la legislación aplicable deben luego trasladarse al caso concreto, ya que no es lo mismo una pequeña empresa con un par de trabajadores que una gran multinacional; igual que no es lo mismo una empresa con una jornada bien delimitada que aquellas otras que permiten jornadas flexibles. Pero lo que no resulta discutible es que «la empresa viene obligada a controlar, comprobar o fiscalizar el desarrollo de la actividad laboral de sus empleados cuando los mismos están sujetos a control horario». Es cierto que la ley no establece un método concreto para llevar a cabo ese control, pero es indiscutible que «siempre resulta necesario conocer la jornada que se está prestando …». Por ello entiende que la sentencia debió ser sustancialmente confirmada.
  3. El último voto particular amplia los argumentos anteriores. Considera que la redacción del art. 35.5 del ET cambia de 1980 a 1994, y mientras que en la primera redacción se obligaba a controlar las horas extraordinarias, en 1994 se obliga a controlar la jornada. «El tiempo de trabajo es sin duda una condición de trabajo de gran relevancia social y económica donde se ven implicados diversos intereses de empresarios y trabajadores, lo que debería haber conllevado a esta Sala, ante la realidad social de una crisis generalizada que afecta a grandes sectores de nuestra sociedad, a confirmar la interpretación evolutiva del artículo 35.5 del ET, lamentando que ello no sea así considerado por la mayoría de la Sala, lo que estimo resta relevancia y legitimidad a su doctrina».

Si bien la sentencia supone un respiro, lo que no cabe duda es que el tema no está definitivamente resuelto y seguramente la Inspección de Trabajo continuará exigiendo el control de la jornada por aplicación del art. 35 del Estatuto de los Trabajadores.

 

 

Victoria Caldevilla

victoria.caldevilla@dutilhabogados.com

Socia Departamento Laboral